Los datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señalan que en los últimos cinco años han desaparecido en Jalisco más de 14 mil personas. Algunos casos recientes han posicionado el tema con mayor fuerza en la opinión pública: la desaparición de tres estudiantes del CAAV, quienes realizaban un proyecto escolar cuando fueron “levantados” por un grupo armado que según una testigo se identificaron verbalmente como miembros de la Fiscalía de Jalisco; y también otros dos casos de estudiantes del CUCS, una estudiante de psicología quien fue encontrada más de un día después de la última vez que se supo de ella, y de un estudiante de medicina, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Barranca de Huentitán, con signos de sofocamiento y asfixia, presuntamente autoinflingidos.
Respecto a los tres estudiantes del CAAV, ha pasado más de una semana sin que la Fiscalía de Jalisco y el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ofrezcan información sobre el caso. Desde Delibera se señala la urgencia de establecer protocolos claros para la búsqueda de los estudiantes (y demás personas desaparecidas), así como estrategias y mecanismos que reduzcan y conduzcan a la erradicación de estos delitos.
En cuanto al caso del estudiante de medicina hallado muerto, la cobertura mediática ha tenido deficiencias en cuanto al tratamiento de la información pertinente, ya que se ha manejado información en contra de los principios éticos del periodismo, que daña la privacidad y dignidad de César y su familia, además de violar el derecho a una información veraz y oportuna (según señalan en un comunicado estudiantes de la Licenciatura en Periodismo y en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara). Los medios no han esperado dictámenes periciales, cayendo en teorías conspirativas, que lo único que hacen es revictimizar a la víctima y a sus familiares, al señalar tanto que fue desaparecido por el Estado, así como que se suicidó por homofobia. Por lo que exhortamos a los medios de comunicación a cubrir este tipo de información sensible de forma que salvaguarde la integridad de las personas afectadas directamente, así como los derechos de las audiencias.
Hace un par de semanas, Javier Raya, escritor radicado en Ciudad de México, escribió un texto titulado «Por qué no soy feminista» en donde señala sus razones para que los hombres no nos trepemos (y beneficiemos) en el discurso feminista y además situarnos en un lugar propio dentro, o mejor dicho, paralelo a la lucha feminista. Pero no recurre solamente a una descripción sin fundamento sino que se apoya en un marco histórico que da cuenta justamente de cómo la historia ha sido de los hombres (hablando de género, no en su equiparación a “humanidad”).
Coincido en todo lo que dice, al final de cuentas mi experiencia ha sido la misma que él en tanto que somos hombres cis-hetero, es decir, que nacimos con órganos sexuales de hombre y nos identificamos como hombres, y hemos gozado toda la vida de privilegios que se nos han dado por el simple hecho de ser hombres cis-hetero. Sin embargo, considero que que al texto de Rayas le hace falta mayor fineza en cuanto a la complejidad que supone ser hombre frente al escenario de violencia machista, si bien hace una breve mención de su condición como hombre cis-hetero. Me gustaría parafrasear algunas ideas que expone Raya en el marco histórico que traza para luego ampliar mi explicación de por qué considero que le falta fineza.
Javier Raya menciona al pacto patriarcal como una puesta en común acuerdo entre todos los hombres para la protección de los mismos hombres y el mantenimiento de sus privilegios. El ejemplo que pone es el de una mujer que denuncia haber sufrido acoso o violencia por parte de un hombre y otros hombres cuestionan tal denuncia, la hacen menos, responsabilizan a la víctima, salvaguardando el “honor” del hombre denunciado porque el pacto patriarcal señala que también el “honor” de todos los hombres quedaría expuesto. De ahí que el papel que han interpretado los hombres en la lucha de las mujeres por los derechos civiles, reproductivos, laborales, entre otros, le parezca sospechoso por haber un conflicto de intereses entre gozar de los privilegios y apoyar una lucha que, aunque sea para dotar de los mismos privilegios a las mujeres, es tachada por muchos hombres cis-hetero de que es para quitarles sus derechos, hacerlos menos.
Lo anterior es algo que pasa y no podemos negarlo. Yo tengo ideas similares en cuanto a cuestionar qué hacemos los hombres en la lucha feminista. Pongo un ejemplo: me parece fuera de lugar que un hombre cis-hetero marche al lado de las mujeres en el marco del 8 de marzo; en lugar de ello considero que ese hombre hipotético (aunque ha pasado en la vida real) debería realizar otras tareas de bajo perfil (frecuentemente asignadas a mujeres) para que las compañeras puedan tomar el espacio público y la palabra (Raya también señala que el poseer la palabra es poseer el ejercicio político).
Bien señala en su texto que «para que un hombre pudiera ser aliado de la lucha feminista, dicho hombre debería tener una causa propia y común con otros hombres; una causa, por lo menos, de la misma ambición y audacia que la feminista, a saber, la lucha activa por la construcción de dicha sociedad igualitaria, en donde el género asignado al nacer, tanto por la biología como por la sociedad, no impidiera el goce de derechos ni el asumir las consecuencias derivadas de sus actos, en provecho o detrimento del individuo. Pero los hombres no tenemos tal causa, por el simple hecho de que nuestra supervivencia no está en entredicho, al menos no de la misma forma que la de las mujeres, gracias al pacto patriarcal». Una vez más, no puedo más que estar de acuerdo con lo que dice Javier, pero con lo que no estoy de acuerdo es con lo que no dice.
Aquí es donde vuelvo al por qué considero que le falta mayor fineza en cuanto a discutir la experiencia de ser hombre frente al escenario de violencia machista que se vive día a día, en todos los estratos sociales que podamos imaginar (con sus obvias particularidades). Porque aunque aclara (solo una vez, de manera breve) que habla desde su condición de hombre cis-hetero, algo que agregaría mayor profundidad es integrar la discusión de dicho fenómeno a partir de otras masculinidades, no solo la masculinidad conocida de manera tradicional. Y me atrevo a decir que él no se encuentra en ésta última, por lo que podría entrarle en su texto a tal discusión que señalo.
Para ilustrar cómo es que se puede desarrollar esta discusión doy un par de ejemplos. Uno lo encarna John Stuart Mill, el filósofo y político utilitarista inglés que vivió durante el siglo XIX, que es respetado por el feminismo a raíz de su obra «La sujeción de la mujer» y su trabajo como diputado en la Cámara de los Comunes, donde impulsó iniciativas de ley que aunque no fueron aprobadas pusieron en la discusión pública asuntos que posteriormente beneficiaron a las sufragistas. Además, él y Harriet Taylor publicaron «Los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio» donde discuten sobre nuevas formas de entender y vivir las relaciones de pareja desde una perspectiva de la equidad entre iguales. Al respecto Nuria Varela publicó en su blog ya hace unos años. El otro ejemplo es el cómo ha sido la relación de los hombres gay con la lucha feminista, la cual difiere mucho de la que puede haber con los hombres heterosexuales, de principio porque no partimos de la misma base ni entre quienes somos del mismo género. Muchos de los llamados “maricas” o “jotos”, y que han abrazado la palabra que antes fuera mera ofensa, los no-hombres, los señalados como niña o mujer, no se identifican con el llamado pacto patriarcal y aun así son asimilados como hombres con base en su genitalidad. Vaya conflicto que puede llegar a ser eso, ya que no son socializados precisamente como hombres, se les excluye del privilegio, y de ahí que “la lucha marica es una profundamente adscrita a la lucha feminista” y Asier Santamarica abunda en ello.
Si bien es sumamente importante y necesario que haya espacios exclusivos de mujeres, hombres cis-hetero, hombres homosexuales, indígenas personas trans, indigentes, migrantes, etc., donde se discuta qué se está haciendo para erradicar la violencia machista, considero que la discusión es más fructífera a partir de la integración de la diversidad, y otredad, que existe. Con ella convivimos a diario.
Y aunque es cierto que el famoso #NotAllMen ha servido para curar en salud a muchos hombres y hasta para desviar el foco de la discusión, habría que reconocer que es verdad que no todos los hombres están adscritos al pacto patriarcal; no lo digo por mí, sino porque los hay. Serán pocos, pero los hay.
Suele ser poco o nada lo que como ciudadanos conocemos acerca de los avances y retrocesos que tiene nuestro Estado en materia de seguridad, salud, educación, medio ambiente sustentable o economía próspera. Frente a ello, ejercicios como la Glosa ciudadana, desarrollada como vía oficial de rendición de cuentas con un intento horizontal de diálogo; y el informe anual Qué has hecho, Gobernador, del observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos, cobran principal relevancia en el marco de un escenario político nacional caracterizado por su crisis de legitimidad y su frecuente opacidad en materia de transparencia.
Con ello, el informe de gobierno que se presenta año con año en Jalisco, es acompañado de interpelaciones de ciudadanos expertos y críticos, que buscan ganar mayor claridad sobre las acciones y decisiones de sus gobernantes; y de una revisión externa sobre los avances alcanzados anualmente y la brecha restante hacia la meta propuesta para el final de cada administración.
No obstante, resulta indispensable que no se pierda de vista que a pesar de que ambos ejercicios sumen en materia de transparencia y trastoquen el terreno de la gobernanza estatal, el juego político permanece de fondo y más aún al calor de las próximas elecciones. Aun así, esto no deslegitima el esfuerzo de dichos ejercicios, sino que alude a una condición más de la complejidad del campo político.
Así, resulta justificable que se cuestionen los “hallazgos” presentados en notas periodísticas, o en informes oficiales o de origen ciudadano. No solo porque pueden estar cargados con una clara inclinación política para las próximas elecciones, sino porque como ciudadanos se supone que tenemos la obligación de hacerlo ahora y en todo momento. Sin embargo, tampoco se trata de comenzar una cacería de brujas ni de buscar el linchamiento de fuentes informativas, porque volvemos al punto anterior, se trata de una condición que ha resultado de la complejidad en el ejercicio político, y por lo tanto, ahora solo hace falta asimilarlas como parte del juego y ser más críticos frente a esto.
En esta tesitura por ejemplo, se puede dar lectura a los resultados del informe Qué has hecho, Gobernador, cuyo interés es el de realizar un mapeo sobre las condiciones actuales en el cumplimiento de las metas propuestas para cada administración. Para los lectores incipientes en el tema, al inicio de cada gobierno se presenta una planeación sobre las medidas que se tomarán en cuenta en cada sector, para dar continuidad o emprender nuevas acciones a favor de la ciudadanía. En esta planeación, se elaboran indicadores —medibles, comparables, relevantes, etc.— para permitir el monitoreo de avance hacia el cumplimiento de metas concretas sobre: feminicidios, desempleo, áreas naturales protegidas, calidad del aire, casos de dengue, de VIH, delitos del fuero común, incendios atendidos, etc., teniendo para ello metas anuales, y una meta específica para la entrega de la administración.
En el informe del observatorio Jalisco cómo vamos, se evalúa precisamente eso: el valor reportado anualmente para cada indicador, con relación a la meta establecida hacia el cierre de la administración. Aunado a ello, en el ejercicio se presenta la vitrina metodológica y permite el acceso a una base de datos en la cual se procesaron los indicadores para conocer su situación de avance. Dicha labor, es digna de reconocimiento, así como su compromiso con la transparencia de su propio análisis.
No obstante, surgen algunas inconsistencias con la información recabada y con la fórmula para monitorear el avance de algunos indicadores. Como ejemplo, se puede observar que para el eje de Territorio y Medio Ambiente, existen algunos valores que no tienen registro ¿por qué? si todos los indicadores son reportados año con año, y en su gran mayoría actualizados mensualmente, en la plataforma oficial del gobierno MIDE Jalisco, y además aparecen en cada uno de los informes de Gobierno, usualmente en el Tomo II.
Aunado a ello, algunos valores tampoco coinciden con lo que se reporta en las fuentes oficiales, como es el caso de los indicadores: Toneladas de basura depositadas adecuadamente, Superficie estatal bajo esquemas de Áreas Naturales Protegidas, Cumplimiento de la normativa Ambiental, y Días dentro de la norma promedio IMECAS. Estas variaciones en los valores reportados, pudieran ser sensibles cuando se realiza la conversión a porcentaje de cumplimiento, y más cuando la variación ocurre en tantos indicadores. Por fortuna para la credibilidad del informe, los errores no se producen exclusivamente a la baja del valor reportado por fuentes oficiales, sino que en algunos casos, se reporta un valor superior.
Sin embargo, ésta no es la única observación que se le podría hacer al ejercicio del observatorio, ya que la formula que utilizan para medir el avance en todos los indicadores que monitorean es la de (Valor 2017-Línea base)/(Meta-Línea base), misma que resulta acertada para los indicadores cuyo valor es acumulado año con año, es decir, aquellos clasificados como Base Diciembre. No obstante para los indicadores que año con año reinician su valor, es decir aquellos clasificados como Base Cero, deberían contemplar una fórmula que permitiera ver el promedio de los valores alcanzados anualmente, de tal manera que pudiera verse con mayor precisión la tendencia de los valores hacia la meta.
Esta precisión sobre la fórmula radica en que al restar la línea base, es decir el valor reportado en el primer año en el que se inició la medición, los indicadores con Base Cero, que año con año reinician su valor a cero y no al valor de la línea base, presentan un valor negativo durante todo su avance. Por ejemplo, en el Indicador de Días dentro de la norma promedio de IMECAS, en el cual se contabilizan los días del año en el que la calidad del aire es buena, al tener una línea base de 240 días y una meta a 2018 de 256 días, con dicha fórmula, sólo se podría medir avance con valor positivo a partir del día 241 ¿entonces el resto de días alcanzados, no cuentan? ¿es en verdad esto un retroceso?
En el indicador de 2017 por ejemplo, se reportó el valor de 201 días dentro de la norma, es decir, el 91% de cumplimiento de la meta 2017, y lo correspondiente al 79% de la meta para 2018. Un valor bajo tal vez para las aspiraciones a 2018, pero un valor muy diferente al que arrojaría la fórmula del observatorio, en donde dicho avance de 201 días corresponde al -243.75% de cumplimiento de la meta.
Tomando en cuenta que el promedio de Días dentro de la norma según los valores de 2013 a 2017, es de 227.4 días, es decir un aproximado del 88.83% de cumplimiento de la meta a 2018, el panorama evaluable sobre el comportamiento de este indicador cambia radicalmente. Con ello, es posible reflexionar sobre las conclusiones a las que llega el informe. Si esta situación ocurre en todos los indicadores que manejan Base cero, entonces el escenario que nos pinta el observatorio puede que no sea el más acertado posible.
¿Qué pasa entonces con la información que nace a partir de los resultados del análisis? ¿Qué pasa con la información que está consumiendo la ciudadanía? ¿Los medios están considerando esta variación de datos? Tal vez se trata de un enfoque diferente en el que el observatorio analiza los avances en los indicadores, tal vez la variación en los valores capturados provengan de otra fuente oficial diferente al reporte MIDE o los informes de Gobierno, y con ello no exista una intención política sustancial de fondo, o tal vez sí, pero eso no es lo verdaderamente importante.
Lo que sí resulta esencial, es considerar dicha complejidad del campo político y formar parte de ella y de sus reglas; reconocer que una simple variación numérica, o la aplicación de una fórmula matemática, puede alterar drásticamente los resultados de una evaluación, y que la información que nos llega como ciudadanos, muy posiblemente tendrá algún tipo de sesgo.
El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció la creación de la Alerta Temprana de Externaciones, la cual surge como mecanismo de control y vigilancia ante la inminente salida de cerca de tres mil presidiaros de las cárceles del país; esto en atención a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta alerta hará que la Comisión Nacional de Seguridad brinde información a los mandos policiales de las distintas demarcaciones sobre los internos que serán liberados. La finalidad de ello consiste en el monitoreo y vigilancia de los próximos ex-presidiarios.
Ricardo Márquez Blas, Titular de la Unidad de Información de la CNS, indicó que esta herramienta podría servir para hacerse información de los internos con probable salida para evitar episodios de reincidencia. Lo cual supone cuando menos dos situaciones: una actitud eminentemente reactiva por parte de las autoridades y una cuestionable interpretación del modelo preventivo de la violencia y la delincuencia que se impulsa a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), pero expliquémoslo por partes.
La prevención social busca atender y subsanar las condiciones a partir de las cuales aumentan las probabilidades para la violencia y la delincuencia. Para ello se focaliza el trabajo en factores de riesgo (situaciones de vida y de entorno que coadyuvan a la generación de violencia y delincuencia) y grupos vulnerables (aquellas personas que por su condición tienen mayores probabilidades de generar o sufrir violencia y delincuencia). Esta perspectiva de abordaje y contención de actos delictivos es relativamente novedosa en el mundo (se puede observar el crecimiento de acciones en este respecto a partir de la década de 1980) y novísima para el caso mexicano (el PNPSVD, señala que las primeras acciones federales en materia de prevención datan de 1998 con la creación del Fondo de Seguridad Pública, FOSEG). Esto deja de manifiesto que la tradición reactiva de estrategia de seguridad es de larga data.
Hasta antes de la creación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los órdenes institucionales parecían dedicar sus esfuerzos en castigar el delito, pero no en atacar las condiciones que lo posibilitan. Ante la escalada de violencia que vivió el país a partir de 2007, la prevención surgió como una herramienta para garantizar resultados más sólidos en temas de seguridad a mediano plazo y una reducción sostenida de la violencia y la delincuencia a largo plazo.
Sin embargo, el cariz reactivo que se encuentra profundamente arraigado en las instituciones de seguridad en el país, genera acciones contradictorias con este modelo. El caso de la Alerta Temprana de Externaciones parece ser el caso pues busca vigilar a los ex presidiarios y actuar con rapidez y eficacia ante la inminente posibilidad de reincidencia, asumiendo de antemano que estos volverán a delinquir, situación que los estigmatiza desde lo institucional.
La Alerta Temprana de Externaciones debería funcionar como instrumento a partir del cual se genere información valiosa sobre el tránsito de los sujetos desde un ámbito penitenciario hacia la reinserción social y, a partir de esos datos, construir estrategias que mejoren las condiciones de esta población vulnerable. La estrategia 2.6 del PNPSVD, “Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario” incluye líneas de acción tendientes a la desestigmatización, inclusión y reinserción de esta población, contraviniendo el uso vigía y punitivo que se pretende hacer de la Alerta Temprana de Externaciones.
Si bien, la mencionada Alerta puede ser una herramienta útil para la prevención, la manera en que es pensada y desde la cual será operada, genera dudas importantes sobre sus alcances y hace retroceder a las políticas de seguridad en el país, por lo menos veinte años atrás.
Es necesario que las autoridades federales revisen las acciones que se están por implementar y se cuestionen sobre la congruencia de las mismas con los lineamientos vigentes y la nueva perspectiva de seguridad.
