Spotización de las campañas

Fuente: El Dictamen

Son al menos doce años desde que en México ha regido la spotización de las campañas electorales. Para esta ocasión, durante los excesivos noventa días que el Instituto Nacional Electoral (INE) concede a los candidatos (Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez) y a la candidata (Margarita Zavala), se transmitirán casi 23 millones de spots para convencer a la población de que cada quien son la mejor opción (o que el otro es peor). Esto tan solo durante las campañas oficiales, ya que desde las precampañas se les otorga otro determinado número de espacios en radio y televisión a los precandidatos (aun sea un solo precandidato por partido, en una clara simulación de contienda interna). 

La spotización electoral que se vive favorece a que la exposición del proyecto para el país de cada candidatx se reduzca a unas cuantas frases repetitivas hasta el cansancio, en detrimento de un modelo de debate argumentativo. Además, sistematizan los ataques y la descalificación casi personal en lugar de la promoción de las propuestas propias. Eso sumado a los discursos contradictorios con el historial de cada candidatx y el recurrir a lugares comunes o posiciones bastante ambiguas. También cabe mencionar que se cae en el culto a la personalidad ya que la mayor parte del tiempo es el candidato quien sale o se escucha.

Por ejemplo, en sus primeros spots de campaña Meade apela a su preparación para combatir la inseguridad, la corrupción y la pobreza por haber estudiado las licenciaturas que cursó. Sin embargo, tropieza rotundamente con su propio pie en el tema de corrupción, ya que menciona que muchos políticos corruptos están en la cárcel hoy en día gracias al trabajo que ha realizado en la administración pública, y que la propia gente sabe quiénes son esos políticos. En una conferencia de prensa una reportera le preguntó por nombres específicos, y solo dio la vuelta aludiendo a lo que dice el propio spot y que si no sabían, que lo averigüen. Así también, utiliza el recurso del miedo para descalificar dichos de López Obrador.

AMLO, por su parte, mantiene su discurso de la austeridad: dice que percibirá la mitad del sueldo destinado al presidente, vivirá en su domicilio actual y no en Los Pinos y no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial. Así también, aún sostiene que quienes gobiernan al país son aquellos que pertenecen a la “mafia del poder”; aunque ha atenuado la dureza con la que se manejaba en las dos anteriores campañas. Si bien es el candidato puntero, y con un buen margen de ventaja, podría repetirse la historia ya vista en que era quien lideraba la intención de voto en 2006 y 2012 al inicio de campaña. Además su discurso gastado puede no tener el mismo impacto que antes. Pero como ventaja tiene la coalición que hizo con el partido de ultraderecha, Encuentro Social, quien le puede dar los pequeños porcentajes que le han faltado para llegar a la silla presidencial, además de que es una de las alternativas que no ha tenido la presidencia de México.

La apuesta de Ricardo Anaya en sus spots parte de una visión del futuro posible para México, donde a través de la tecnología y los recursos que se tienen se puedan resolver los problemas que se tienen en el país. Él también hace alusiones a sus contendientes: por una parte dice que el PRI ya se va, y que la opción de López Obrador es anticuada. Tal vez hay que recordarle las pifias que cometieron los dos presidentes emanados de su partido durante los dos primeros sexenios de este siglo. 

Por último, la única candidata mujer, Margarita Zavala, es reiterativa con su apuesta a los valores según su concepción de cómo deberían conducirse las personas y el gobierno. Además también hace alusiones personales a AMLO, descalificando algunas de sus afirmaciones. Y su discurso no es muy diferente al de su esposo y ex presidente, Fecal: propone enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, colocando su confianza en el ejército y las fuerzas armadas del país. Ya sabemos cómo termina esa historia. También dice que fortalecerá a la policía en México, para la adecuada protección de la familia, pero es precisamente ahí donde se vuelve ambiguo ya que no es lo mismo el utilizar al ejército para tareas de seguridad pública que el fortalecer a las policías. Y relacionado a estos temas hay una terrible omisión de la prevención social que debería ser el pilar central en asuntos de seguridad pública. 

Aún quedan alrededor de dos meses de campaña y muchos más spots por ver y/o escuchar. La saturación de la audiencia es inevitable, junto a la unidireccionalidad de la comunicación, por lo que en este bombardeo publicitario hay que complementar con otras opciones que nos permitan un diálogo interactivo.

Texto de Jesús  Alejandro Tello Cháirez  – jesustello@delibera.org

La formación policial y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Fuente: Proyecto Justicia

En 2008 se público en el Diario Oficial de la Federación una ambiciosa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al tema penal y de seguridad pública (modificaciones que van del artículo 16 al 22 del referido documento). Los puntos que más destacan de estas modificaciones son los derechos y obligaciones tanto de los imputados como de las víctimas, así como aquellos donde se constituyen nuevas reglas para las instituciones de justicia en el país.

¿Cuál es el objeto de esta modificación? Simplificar el proceso de los acusados, lograr prontas sentencias, desahogar el sistema penitenciario nacional y abaratar los costos que la impartición de justicia implica al erario[1]. Para lograrlo se ha contemplado una profunda modificación al sistema judicial, incorporando juicios orales para desahogar procesos que antes se desarrollaban por oficio; la instauración de mecanismos de justicia alternativa para la resolución de conflictos y la modificación de las penas que contemplan privación de la libertad.

Desde luego, los retos a los que ha tenido que hacer frente la implementación de este nuevo sistema no han sido pocos ni menores. Por un lado, está la crítica de la opinión pública que cuestiona la eficacia de la propuesta; por el otro, la reticencia de todos los involucrados en la impartición de justicia: abogados, empleados del Poder Judicial en sus distintos niveles, jueces, acusados, víctimas y -lo que ha este artículo interesa- policías.

Con el nuevo sistema de justicia, la labor policial se transforma en la búsqueda de transparencia en su acciones y observancia del debido proceso en cada “servicio” del que toman parte. De ahí se desprende la figura del “Primer respondiente” con lo cual el policía que atiende el delito o la falta cometida, está obligado a llenar un nuevo formato y a llevar a cabo un protocolo preciso de levantamiento y registro de evidencias, así como un protocolo específico para la detención del posible responsable o generador del delito o la falta, como consta en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otro lado, ante la detención de un posible responsable de delito o falta, con las nuevas disposiciones, los policías pueden ser sujetos a proceso judicial si no garantizan los derechos fundamentales del detenido, como se señala en la parte final del artículo 193 del referido Código.

Estas y otras reglas fueron puestas en juego a partir de 2008, generando la apremiante necesidad de capacitaciones sólidas y periódicas para los servidores públicos, pues de ello depende el éxito o fracaso de la nueva política judicial en el país. Lo que aquí se puede observar es que los ejecutores primarios y punta de lanza de estas disposiciones son los policías que patrullan a diario las calles y caminos de todo el territorio nacional; y sin una correcta ejecución de sus labores la operatividad, legitimidad y opinión pública del Sistema entero esta en entredicho.

A pesar de los esfuerzos, esta ha sido una labor con resultados no siempre alentadores. En reiteradas ocasiones ha saltado a luz pública la falta de capacitación de los policías para llevar a cabo el debido proceso de las detenciones y el ofrecimiento de pruebas después de una detención, y el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas (CNPJ, 2017) no permite saber cuántos policías capacitados hay pues sólo muestra el número de replicadores (que para el caso del Estado de Jalisco cuenta con ninguno)

Por otro lado, programas federales como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) han destinado presupuesto para la capacitación de los policías en este tema, sin embargo no se cuenta con información pública que demuestre que estas capacitaciones se llevaron a cabo en cada comisaría municipal, cuál es el estatus de las mismas, en qué consistieron estas capacitaciones, si el Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia (CNPJ, 2014) se desarrolló en forma, cuáles fueron los contenidos que se impartieron, con qué insumos y cuáles fueron los resultados y evaluaciones de los policías capacitados.

Es necesario que los titulares de las instituciones de seguridad en los tres niveles se percaten de la importancia central que tiene la correcta capacitación de sus policías y que no sólo de manera cuantitativa se revele cuántos sujetos han tomado algún curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino que se preocupen por el efectivo aprendizaje y la implementación de un sistema novedoso y complejo.

Texto de Emmanuel Rojas – emmanuelrojas@delibera.org


Referencias

  • Cámara de Diputados. (2012). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados.
  • DOF (2012), Código Federal de Procedimientos Penales. México: Cámara de Diputados.
  • SEGOB (2017), Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas. México, Secretaría de Gobernación
  • SEGOB (2017) Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FROTASEG). México, Secretaría de Gobernación. Consultado en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg
  • CNPJ (2014), Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia. México, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Procuraduría General de la República.

[1] Guillermo Zepeda Lecuona, a través de un conversatorio llevado a cabo en Casa Territorio durante el mes de marzo de 2018, indicó a Delibera A.C. que el gasto por carpeta abierta en la Fiscalía ronda alrededor de los $12,000.00 pesos mexicanos.