¿El mejor equipo rumbo al próximo sexenio?

Fuente: MVS Noticias

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha presumido con mucha antelación la calidad de quienes integrarían su gabinete y su equipo de colaboradores desde la transición a la ejecución formal del gobierno. Sin embargo, en los días recientes hubo un notable rechazo por una persona que López Obrador designó para colaborar en la elaboración de las líneas de acción en materia de seguridad: Manuel Mondragón y Kalb.  

El tema de seguridad es uno de los más sensibles en el país al día de hoy y desde hace varios años. Hemos sido testigos del aumento en la violencia, en particular desde hace 12 años en que el ex presidente Felipe Calderón puso en marcha su fallida estrategia de la «Guerra contra el narcotráfico», sacando a las fuerzas militares de los cuarteles a las calles, y asignándoles tareas de seguridad pública para las cuales no están capacitadas. Simplemente esa tarea debería ser para las policías, no para el ejército ni la marina.

Con la administración de Enrique Peña Nieto no hubo un cambio sustancial de tal estrategia. Peor aún, con la Ley de Seguridad Interior impulsada desde el ejecutivo se le dio capacidad legal a las fuerzas armadas de poder hacer labores que deberían ser restrictivamente asignadas a las policías. Con esto siguen las consecuencias del aumento en la violencia y las muertes, al no ser la estrategia adecuada.

Y es que desde el propio manejo de la seguridad pública están las carencias: no hay capacitación adecuada a los cuerpos policiales, salarios bajos y una serie de razones por las cuales la seguridad, o bien podríamos hablar de inseguridad, ha sido el talón de aquiles de las administraciones recientes.

Este contexto introduce al tema en particular, la invitación que hizo López Obrador a Manuel Mondragón y Kalb para integrarse al equipo que trazará las líneas de acción en materia de seguridad para el próximo sexenio. Esto me parece un error garrafal, si tomamos en cuenta el cambio de régimen que quiere representar López Obrador. Vamos, la cuarta transformación, como él le llama.

Basta mencionar dos cuestiones para justificar el por qué es un error invitar a Mondragón y Kalb: Mondragón fue el Comisionado Nacional de Seguridad durante el primer año y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y con él ya al mando se consumó la represión a las manifestaciones del primero de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Entre las acciones específicas que desde un marco de libertad de expresión, derechos humanos y cultura de paz fueron muy desatinadas, están el desalojo violento del zócalo además de su blindaje, con sus conocidas formas autoritarias de acción. Así también, luego de renunciar a su cargo de Comisionado de seguridad, a los pocos meses volvió como titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y durante su período se ha experimentado un aumento en el consumo de todas las sustancias ilegales; sin estrategias de prevención, solamente punitivas y una política criminalizante basada en prejuicios. Por ejemplo, entre 2011 y 2016, el consumo de drogas en mujeres adolescentes entre 12 y 17 años, se incrementó en un 205%, según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco; y el consumo de drogas en la población en general de 12 a 65 años, se incrementó de 7.2% en 2011 a 9.9% en 2016[1]. Una de las cuestiones graves de esto es que se vuelva una dependencia extendida que merme la salud de la persona adicta.

En diversos círculos sociales se hizo notar el disgusto por la invitación del presidente electo a Mondragón. En lo personal me parece que hay algunas organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria, como México Evalúa[2] que son expertas en el trabajo e investigación en el tema de seguridad y violencia, como para que se invite a un persona que representa un polo opuesto en la idea de gobierno que López Obrador dice representar, basado en la cultura de paz.

Es indispensable que las líneas de acción en materia de seguridad partan de la prevención, no del castigo como ha sido la constante anteriormente. Claro que no es sencillo, pero hay pruebas que señalan mejoría en las diferentes dimensiones que implica la seguridad: desde el trabajo en las cárceles, prevención del delito, hasta el fortalecimiento de policías; en lugar de la cultura punitiva, que lo único que ha hecho es reproducir círculos viciosos de violencia.


1. ENCODAT 2016-2017

2. México Evalúa


Texto de Jesús Alejandro Tello Cháirez – jesustello@delibera.org

Spotización de las campañas

Fuente: El Dictamen

Son al menos doce años desde que en México ha regido la spotización de las campañas electorales. Para esta ocasión, durante los excesivos noventa días que el Instituto Nacional Electoral (INE) concede a los candidatos (Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez) y a la candidata (Margarita Zavala), se transmitirán casi 23 millones de spots para convencer a la población de que cada quien son la mejor opción (o que el otro es peor). Esto tan solo durante las campañas oficiales, ya que desde las precampañas se les otorga otro determinado número de espacios en radio y televisión a los precandidatos (aun sea un solo precandidato por partido, en una clara simulación de contienda interna). 

La spotización electoral que se vive favorece a que la exposición del proyecto para el país de cada candidatx se reduzca a unas cuantas frases repetitivas hasta el cansancio, en detrimento de un modelo de debate argumentativo. Además, sistematizan los ataques y la descalificación casi personal en lugar de la promoción de las propuestas propias. Eso sumado a los discursos contradictorios con el historial de cada candidatx y el recurrir a lugares comunes o posiciones bastante ambiguas. También cabe mencionar que se cae en el culto a la personalidad ya que la mayor parte del tiempo es el candidato quien sale o se escucha.

Por ejemplo, en sus primeros spots de campaña Meade apela a su preparación para combatir la inseguridad, la corrupción y la pobreza por haber estudiado las licenciaturas que cursó. Sin embargo, tropieza rotundamente con su propio pie en el tema de corrupción, ya que menciona que muchos políticos corruptos están en la cárcel hoy en día gracias al trabajo que ha realizado en la administración pública, y que la propia gente sabe quiénes son esos políticos. En una conferencia de prensa una reportera le preguntó por nombres específicos, y solo dio la vuelta aludiendo a lo que dice el propio spot y que si no sabían, que lo averigüen. Así también, utiliza el recurso del miedo para descalificar dichos de López Obrador.

AMLO, por su parte, mantiene su discurso de la austeridad: dice que percibirá la mitad del sueldo destinado al presidente, vivirá en su domicilio actual y no en Los Pinos y no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial. Así también, aún sostiene que quienes gobiernan al país son aquellos que pertenecen a la “mafia del poder”; aunque ha atenuado la dureza con la que se manejaba en las dos anteriores campañas. Si bien es el candidato puntero, y con un buen margen de ventaja, podría repetirse la historia ya vista en que era quien lideraba la intención de voto en 2006 y 2012 al inicio de campaña. Además su discurso gastado puede no tener el mismo impacto que antes. Pero como ventaja tiene la coalición que hizo con el partido de ultraderecha, Encuentro Social, quien le puede dar los pequeños porcentajes que le han faltado para llegar a la silla presidencial, además de que es una de las alternativas que no ha tenido la presidencia de México.

La apuesta de Ricardo Anaya en sus spots parte de una visión del futuro posible para México, donde a través de la tecnología y los recursos que se tienen se puedan resolver los problemas que se tienen en el país. Él también hace alusiones a sus contendientes: por una parte dice que el PRI ya se va, y que la opción de López Obrador es anticuada. Tal vez hay que recordarle las pifias que cometieron los dos presidentes emanados de su partido durante los dos primeros sexenios de este siglo. 

Por último, la única candidata mujer, Margarita Zavala, es reiterativa con su apuesta a los valores según su concepción de cómo deberían conducirse las personas y el gobierno. Además también hace alusiones personales a AMLO, descalificando algunas de sus afirmaciones. Y su discurso no es muy diferente al de su esposo y ex presidente, Fecal: propone enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, colocando su confianza en el ejército y las fuerzas armadas del país. Ya sabemos cómo termina esa historia. También dice que fortalecerá a la policía en México, para la adecuada protección de la familia, pero es precisamente ahí donde se vuelve ambiguo ya que no es lo mismo el utilizar al ejército para tareas de seguridad pública que el fortalecer a las policías. Y relacionado a estos temas hay una terrible omisión de la prevención social que debería ser el pilar central en asuntos de seguridad pública. 

Aún quedan alrededor de dos meses de campaña y muchos más spots por ver y/o escuchar. La saturación de la audiencia es inevitable, junto a la unidireccionalidad de la comunicación, por lo que en este bombardeo publicitario hay que complementar con otras opciones que nos permitan un diálogo interactivo.

Texto de Jesús  Alejandro Tello Cháirez  – jesustello@delibera.org

La formación policial y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Fuente: Proyecto Justicia

En 2008 se público en el Diario Oficial de la Federación una ambiciosa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al tema penal y de seguridad pública (modificaciones que van del artículo 16 al 22 del referido documento). Los puntos que más destacan de estas modificaciones son los derechos y obligaciones tanto de los imputados como de las víctimas, así como aquellos donde se constituyen nuevas reglas para las instituciones de justicia en el país.

¿Cuál es el objeto de esta modificación? Simplificar el proceso de los acusados, lograr prontas sentencias, desahogar el sistema penitenciario nacional y abaratar los costos que la impartición de justicia implica al erario[1]. Para lograrlo se ha contemplado una profunda modificación al sistema judicial, incorporando juicios orales para desahogar procesos que antes se desarrollaban por oficio; la instauración de mecanismos de justicia alternativa para la resolución de conflictos y la modificación de las penas que contemplan privación de la libertad.

Desde luego, los retos a los que ha tenido que hacer frente la implementación de este nuevo sistema no han sido pocos ni menores. Por un lado, está la crítica de la opinión pública que cuestiona la eficacia de la propuesta; por el otro, la reticencia de todos los involucrados en la impartición de justicia: abogados, empleados del Poder Judicial en sus distintos niveles, jueces, acusados, víctimas y -lo que ha este artículo interesa- policías.

Con el nuevo sistema de justicia, la labor policial se transforma en la búsqueda de transparencia en su acciones y observancia del debido proceso en cada “servicio” del que toman parte. De ahí se desprende la figura del “Primer respondiente” con lo cual el policía que atiende el delito o la falta cometida, está obligado a llenar un nuevo formato y a llevar a cabo un protocolo preciso de levantamiento y registro de evidencias, así como un protocolo específico para la detención del posible responsable o generador del delito o la falta, como consta en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otro lado, ante la detención de un posible responsable de delito o falta, con las nuevas disposiciones, los policías pueden ser sujetos a proceso judicial si no garantizan los derechos fundamentales del detenido, como se señala en la parte final del artículo 193 del referido Código.

Estas y otras reglas fueron puestas en juego a partir de 2008, generando la apremiante necesidad de capacitaciones sólidas y periódicas para los servidores públicos, pues de ello depende el éxito o fracaso de la nueva política judicial en el país. Lo que aquí se puede observar es que los ejecutores primarios y punta de lanza de estas disposiciones son los policías que patrullan a diario las calles y caminos de todo el territorio nacional; y sin una correcta ejecución de sus labores la operatividad, legitimidad y opinión pública del Sistema entero esta en entredicho.

A pesar de los esfuerzos, esta ha sido una labor con resultados no siempre alentadores. En reiteradas ocasiones ha saltado a luz pública la falta de capacitación de los policías para llevar a cabo el debido proceso de las detenciones y el ofrecimiento de pruebas después de una detención, y el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas (CNPJ, 2017) no permite saber cuántos policías capacitados hay pues sólo muestra el número de replicadores (que para el caso del Estado de Jalisco cuenta con ninguno)

Por otro lado, programas federales como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) han destinado presupuesto para la capacitación de los policías en este tema, sin embargo no se cuenta con información pública que demuestre que estas capacitaciones se llevaron a cabo en cada comisaría municipal, cuál es el estatus de las mismas, en qué consistieron estas capacitaciones, si el Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia (CNPJ, 2014) se desarrolló en forma, cuáles fueron los contenidos que se impartieron, con qué insumos y cuáles fueron los resultados y evaluaciones de los policías capacitados.

Es necesario que los titulares de las instituciones de seguridad en los tres niveles se percaten de la importancia central que tiene la correcta capacitación de sus policías y que no sólo de manera cuantitativa se revele cuántos sujetos han tomado algún curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino que se preocupen por el efectivo aprendizaje y la implementación de un sistema novedoso y complejo.

Texto de Emmanuel Rojas – emmanuelrojas@delibera.org


Referencias

  • Cámara de Diputados. (2012). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados.
  • DOF (2012), Código Federal de Procedimientos Penales. México: Cámara de Diputados.
  • SEGOB (2017), Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas. México, Secretaría de Gobernación
  • SEGOB (2017) Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FROTASEG). México, Secretaría de Gobernación. Consultado en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg
  • CNPJ (2014), Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia. México, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Procuraduría General de la República.

[1] Guillermo Zepeda Lecuona, a través de un conversatorio llevado a cabo en Casa Territorio durante el mes de marzo de 2018, indicó a Delibera A.C. que el gasto por carpeta abierta en la Fiscalía ronda alrededor de los $12,000.00 pesos mexicanos.

Posicionamiento sobre el caso de las desapariciones de personas en Jalisco y su cobertura mediática

Los datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señalan que en los últimos cinco años han desaparecido en Jalisco más de 14 mil personas. Algunos casos recientes han posicionado el tema con mayor fuerza en la opinión pública: la desaparición de tres estudiantes del CAAV, quienes realizaban un proyecto escolar cuando fueron “levantados” por un grupo armado que según una testigo se identificaron verbalmente como miembros de la Fiscalía de Jalisco; y también otros dos casos de estudiantes del CUCS, una estudiante de psicología quien fue encontrada más de un día después de la última vez que se supo de ella, y de un estudiante de medicina, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Barranca de Huentitán, con signos de sofocamiento y asfixia, presuntamente autoinflingidos.

Respecto a los tres estudiantes del CAAV, ha pasado más de una semana sin que la Fiscalía de Jalisco y el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ofrezcan información sobre el caso. Desde Delibera se señala la urgencia de establecer protocolos claros para la búsqueda de los estudiantes (y demás personas desaparecidas), así como estrategias y mecanismos que reduzcan y conduzcan a la erradicación de estos delitos.

En cuanto al caso del estudiante de medicina hallado muerto, la cobertura mediática ha tenido deficiencias en cuanto al tratamiento de la información pertinente, ya que se ha manejado información en contra de los principios éticos del periodismo, que daña la privacidad y dignidad de César y su familia, además de violar el derecho a una información veraz y oportuna (según señalan en un comunicado estudiantes de la Licenciatura en  Periodismo y en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara). Los medios no han esperado dictámenes periciales, cayendo en teorías conspirativas, que lo único que hacen es revictimizar a la víctima y a sus familiares, al señalar tanto que fue desaparecido por el Estado, así como que se suicidó por homofobia. Por lo que exhortamos a los medios de comunicación a cubrir este tipo de información sensible de forma que salvaguarde la integridad de las personas afectadas directamente, así como los derechos de las audiencias.

Delibera A.C.

Fuente: Tercera Vía

Los genitales no hacen al hombre

 

Fuente: Indie Emergente

Hace un par de semanas, Javier Raya, escritor radicado en Ciudad de México, escribió un texto titulado «Por qué no soy feminista» en donde señala sus razones para que los hombres no nos trepemos (y beneficiemos) en el discurso feminista y además situarnos en un lugar propio dentro, o mejor dicho, paralelo a la lucha feminista. Pero no recurre solamente a una descripción sin fundamento sino que se apoya en un marco histórico que da cuenta justamente de cómo la historia ha sido de los hombres (hablando de género, no en su equiparación a “humanidad”).

Coincido en todo lo que dice, al final de cuentas mi experiencia ha sido la misma que él en tanto que somos hombres cis-hetero, es decir, que nacimos con órganos sexuales de hombre y nos identificamos como hombres, y hemos gozado toda la vida de privilegios que se nos han dado por el simple hecho de ser hombres cis-hetero. Sin embargo, considero que que al texto de Rayas le hace falta mayor fineza en cuanto a la complejidad que supone ser hombre frente al escenario de violencia machista, si bien hace una breve mención de su condición como hombre cis-hetero. Me gustaría parafrasear algunas ideas que expone Raya en el marco histórico que traza para luego ampliar mi explicación de por qué considero que le falta fineza.

Javier Raya menciona al pacto patriarcal como una puesta en común acuerdo entre todos los hombres para la protección de los mismos hombres y el mantenimiento de sus privilegios. El ejemplo que pone es el de una mujer que denuncia haber sufrido acoso o violencia por parte de un hombre y otros hombres cuestionan tal denuncia, la hacen menos, responsabilizan a la víctima, salvaguardando el “honor” del hombre denunciado porque el pacto patriarcal señala que también el “honor” de todos los hombres quedaría expuesto. De ahí que el papel que han interpretado los hombres en la lucha de las mujeres por los derechos civiles, reproductivos, laborales, entre otros, le parezca sospechoso por haber un conflicto de intereses entre gozar de los privilegios y apoyar una lucha que, aunque sea para dotar de los mismos privilegios a las mujeres, es tachada por muchos hombres cis-hetero de que es para quitarles sus derechos, hacerlos menos.

Lo anterior es algo que pasa y no podemos negarlo. Yo tengo ideas similares en cuanto a cuestionar qué hacemos los hombres en la lucha feminista. Pongo un ejemplo: me parece fuera de lugar que un hombre cis-hetero marche al lado de las mujeres en el marco del 8 de marzo; en lugar de ello considero que ese hombre hipotético (aunque ha pasado en la vida real) debería realizar otras tareas de bajo perfil (frecuentemente asignadas a mujeres) para que las compañeras puedan tomar el espacio público y la palabra (Raya también señala que el poseer la palabra es poseer el ejercicio político).

Bien señala en su texto que «para que un hombre pudiera ser aliado de la lucha feminista, dicho hombre debería tener una causa propia y común con otros hombres; una causa, por lo menos, de la misma ambición y audacia que la feminista, a saber, la lucha activa por la construcción de dicha sociedad igualitaria, en donde el género asignado al nacer, tanto por la biología como por la sociedad, no impidiera el goce de derechos ni el asumir las consecuencias derivadas de sus actos, en provecho o detrimento del individuo. Pero los hombres no tenemos tal causa, por el simple hecho de que nuestra supervivencia no está en entredicho, al menos no de la misma forma que la de las mujeres, gracias al pacto patriarcal». Una vez más, no puedo más que estar de acuerdo con lo que dice Javier, pero con lo que no estoy de acuerdo es con lo que no dice.

Aquí es donde vuelvo al por qué considero que le falta mayor fineza en cuanto a discutir la experiencia de ser hombre frente al escenario de violencia machista que se vive día a día, en todos los estratos sociales que podamos imaginar (con sus obvias particularidades). Porque aunque aclara (solo una vez, de manera breve) que habla desde su condición de hombre cis-hetero, algo que agregaría mayor profundidad es integrar la discusión de dicho fenómeno a partir de otras masculinidades, no solo la masculinidad conocida de manera tradicional. Y me atrevo a decir que él no se encuentra en ésta última, por lo que podría entrarle en su texto a tal discusión que señalo.

Para ilustrar cómo es que se puede desarrollar esta discusión doy un par de ejemplos. Uno lo encarna John Stuart Mill, el filósofo y político utilitarista inglés que vivió durante el siglo XIX, que es respetado por el feminismo a raíz de su obra «La sujeción de la mujer» y su trabajo como diputado en la Cámara de los Comunes, donde impulsó iniciativas de ley que aunque no fueron aprobadas pusieron en la discusión pública asuntos que posteriormente beneficiaron a las sufragistas. Además, él y  Harriet Taylor publicaron «Los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio» donde discuten sobre nuevas formas de entender y vivir las relaciones de pareja desde una perspectiva de la equidad entre iguales. Al respecto Nuria Varela publicó en su blog ya hace unos años. El otro ejemplo es el cómo ha sido la relación de los hombres gay con la lucha feminista, la cual difiere mucho de la que puede haber con los hombres heterosexuales, de principio porque no partimos de la misma base ni entre quienes somos del mismo género. Muchos de los llamados “maricas” o “jotos”, y que han abrazado la palabra que antes fuera mera ofensa, los no-hombres, los señalados como niña o mujer, no se identifican con el llamado pacto patriarcal y aun así son asimilados como hombres con base en su genitalidad. Vaya conflicto que puede llegar a ser eso, ya que no son socializados precisamente como hombres, se les excluye del privilegio, y de ahí que “la lucha marica es una profundamente adscrita a la lucha feminista” y Asier Santamarica abunda en ello.

Si bien es sumamente importante y necesario que haya espacios exclusivos de mujeres, hombres cis-hetero, hombres homosexuales, indígenas personas trans, indigentes, migrantes, etc., donde se discuta qué se está haciendo para erradicar la violencia machista, considero que la discusión es más fructífera a partir de la integración de la diversidad, y otredad, que existe. Con ella convivimos a diario.

Y aunque es cierto que el famoso #NotAllMen ha servido para curar en salud a muchos hombres y hasta para desviar el foco de la discusión, habría que reconocer que es verdad que no todos los hombres están adscritos al pacto patriarcal; no lo digo por mí, sino porque los hay. Serán pocos, pero los hay.

Texto por Jesús Alejandro Tello Cháirez – jesustello@delibera.org

De rendición de cuentas, números y otras opacidades políticas

Fuente: Designed by macrovector / Freepik

Suele ser poco o nada lo que como ciudadanos conocemos acerca de los avances y retrocesos que tiene nuestro Estado en materia de seguridad, salud, educación, medio ambiente sustentable o economía próspera. Frente a ello, ejercicios como la Glosa ciudadana, desarrollada como vía oficial de rendición de cuentas con un intento horizontal de diálogo; y el informe anual Qué has hecho, Gobernador, del observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos, cobran principal relevancia en el marco de un escenario político nacional caracterizado por su crisis de legitimidad y su frecuente opacidad en materia de transparencia.

Con ello, el informe de gobierno que se presenta año con año en Jalisco, es acompañado de interpelaciones de ciudadanos expertos y críticos, que buscan ganar mayor claridad sobre las acciones y decisiones de sus gobernantes; y de una revisión externa sobre los avances alcanzados anualmente y la brecha restante hacia la meta propuesta para el final de cada administración.

No obstante, resulta indispensable que no se pierda de vista que a pesar de que ambos ejercicios sumen en materia de transparencia y trastoquen el terreno de la gobernanza estatal, el juego político permanece de fondo y más aún al calor de las próximas elecciones. Aun así, esto no deslegitima el esfuerzo de dichos ejercicios, sino que alude a una condición más de la complejidad del campo político.

Así, resulta justificable que se cuestionen los “hallazgos” presentados en notas periodísticas, o en informes oficiales o de origen ciudadano. No solo porque pueden estar cargados con una clara inclinación política para las próximas elecciones, sino porque como ciudadanos se supone que tenemos la obligación de hacerlo ahora y en todo momento. Sin embargo, tampoco se trata de comenzar una cacería de brujas ni de buscar el linchamiento de fuentes informativas, porque volvemos al punto anterior, se trata de una condición que ha resultado de la complejidad en el ejercicio político, y por lo tanto, ahora solo hace falta asimilarlas como parte del juego y ser más críticos frente a esto.

En esta tesitura por ejemplo, se puede dar lectura a los resultados del informe Qué has hecho, Gobernador, cuyo interés es el de realizar un mapeo sobre las condiciones actuales en el cumplimiento de las metas propuestas para cada administración. Para los lectores incipientes en el tema, al inicio de cada gobierno se presenta una planeación sobre las medidas que se tomarán en cuenta en cada sector, para dar continuidad o emprender nuevas acciones a favor de la ciudadanía. En esta planeación, se elaboran indicadores —medibles, comparables, relevantes, etc.— para permitir el monitoreo de avance hacia el cumplimiento de metas concretas sobre: feminicidios, desempleo, áreas naturales protegidas, calidad del aire, casos de dengue, de VIH, delitos del fuero común, incendios atendidos, etc., teniendo para ello metas anuales, y una meta específica para la entrega de la administración.

En el informe del observatorio Jalisco cómo vamos, se evalúa precisamente eso: el valor reportado anualmente para cada indicador, con relación a la meta establecida hacia el cierre de la administración. Aunado a ello, en el ejercicio se presenta la vitrina metodológica y permite el acceso a una base de datos en la cual se procesaron los indicadores para conocer su situación de avance. Dicha labor, es digna de reconocimiento, así como su compromiso con la transparencia de su propio análisis.

No obstante, surgen algunas inconsistencias con la información recabada y con la fórmula para monitorear el avance de algunos indicadores. Como ejemplo, se puede observar que para el eje de Territorio y Medio Ambiente, existen algunos valores que no tienen registro ¿por qué? si todos los indicadores son reportados año con año, y en su gran mayoría actualizados mensualmente, en la plataforma oficial del gobierno MIDE Jalisco, y además aparecen en cada uno de los informes de Gobierno, usualmente en el Tomo II.

Aunado a ello, algunos valores tampoco coinciden con lo que se reporta en las fuentes oficiales, como es el caso de los indicadores: Toneladas de basura depositadas adecuadamente, Superficie estatal bajo esquemas de Áreas Naturales Protegidas, Cumplimiento de la normativa Ambiental, y Días dentro de la norma promedio IMECAS. Estas variaciones en los valores reportados, pudieran ser sensibles cuando se realiza la conversión a porcentaje de cumplimiento, y más cuando la variación ocurre en tantos indicadores. Por fortuna para la credibilidad del informe, los errores no se producen exclusivamente a la baja del valor reportado por fuentes oficiales, sino que en algunos casos, se reporta un valor superior.

Sin embargo, ésta no es la única observación que se le podría hacer al ejercicio del observatorio, ya que la formula que utilizan para medir el avance en todos los indicadores que monitorean es la de  (Valor 2017-Línea base)/(Meta-Línea base), misma que resulta acertada para los indicadores cuyo valor es acumulado año con año, es decir, aquellos clasificados como Base Diciembre.  No obstante para los indicadores que año con año reinician su valor, es decir aquellos clasificados como Base Cero, deberían contemplar una fórmula que permitiera ver el promedio de los valores alcanzados anualmente, de tal manera que pudiera verse con mayor precisión la tendencia de los valores hacia la meta.

Esta precisión sobre la fórmula radica en que al restar la línea base, es decir el valor reportado en el primer año en el que se inició la medición, los indicadores con Base Cero, que año con año reinician su valor a cero y no al valor de la línea base, presentan un valor negativo durante todo su avance. Por ejemplo, en el Indicador de Días dentro de la norma promedio de IMECAS, en el cual se contabilizan los días del año en el que la calidad del aire es buena, al tener una línea base de 240 días y una meta a 2018 de 256 días, con dicha fórmula, sólo se podría medir avance con valor positivo a partir del día 241 ¿entonces el resto de días alcanzados, no cuentan? ¿es en verdad esto un retroceso?

En el indicador de 2017 por ejemplo, se reportó el valor de 201 días dentro de la norma, es decir, el 91% de cumplimiento de la meta 2017, y lo correspondiente al 79% de la meta para 2018. Un valor bajo tal vez para las aspiraciones a 2018, pero un valor muy diferente al que arrojaría la fórmula del observatorio, en donde dicho avance de 201 días corresponde al -243.75% de cumplimiento de la meta.

Tomando en cuenta que el promedio de Días dentro de la norma según los valores de 2013 a 2017, es de 227.4 días, es decir un aproximado del 88.83% de cumplimiento de la meta a 2018, el panorama evaluable sobre el comportamiento de este indicador cambia radicalmente. Con ello, es posible reflexionar sobre las conclusiones a las que llega el informe. Si esta situación ocurre en todos los indicadores que manejan Base cero, entonces el escenario que nos pinta el observatorio puede que no sea el más acertado posible.

¿Qué pasa entonces con la información que nace a partir de los resultados del análisis? ¿Qué pasa con la información que está consumiendo la ciudadanía? ¿Los medios están considerando esta variación de datos? Tal vez se trata de un enfoque diferente en el que el observatorio analiza los avances en los indicadores, tal vez la variación en los valores capturados provengan de otra fuente oficial diferente al reporte MIDE o los informes de Gobierno, y con ello no exista una intención política sustancial de fondo, o tal vez sí, pero eso no es lo verdaderamente importante.

Lo que sí resulta esencial, es considerar dicha complejidad del campo político y formar parte de ella y de sus reglas; reconocer que una simple variación numérica, o la aplicación de una fórmula matemática, puede alterar drásticamente los resultados de una evaluación, y que la información que nos llega como ciudadanos, muy posiblemente tendrá algún tipo de sesgo.

Texto de Bolli García – bolligarcía@delibera.org

Alerta Temprana de Externaciones o una cuestionable interpretación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en México

Fuente: El Siglo de Torreón

El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció la creación de la Alerta Temprana de Externaciones, la cual surge como mecanismo de control y vigilancia ante la inminente salida de cerca de tres mil presidiaros de las cárceles del país; esto en atención a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta alerta hará que la Comisión Nacional de Seguridad brinde información a los mandos policiales de las distintas demarcaciones sobre los internos que serán liberados. La finalidad de ello consiste en el monitoreo y vigilancia de los próximos ex-presidiarios.

Ricardo Márquez Blas, Titular de la Unidad de Información de la CNS, indicó que esta herramienta podría servir para hacerse información de los internos con probable salida para evitar episodios de reincidencia. Lo cual supone cuando menos dos situaciones: una actitud eminentemente reactiva por parte de las autoridades y una cuestionable interpretación del modelo preventivo de la violencia y la delincuencia que se impulsa a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), pero expliquémoslo por partes.

La prevención social busca atender y subsanar las condiciones a partir de las cuales aumentan las probabilidades para la violencia y la delincuencia. Para ello se focaliza el trabajo en factores de riesgo (situaciones de vida y de entorno que coadyuvan a la generación de violencia y delincuencia) y grupos vulnerables (aquellas personas que por su condición tienen mayores probabilidades de generar o sufrir violencia y delincuencia). Esta perspectiva de abordaje y contención de actos delictivos es relativamente novedosa en el mundo (se puede observar el crecimiento de acciones en este respecto a partir de la década de 1980) y novísima para el caso mexicano (el PNPSVD, señala que las primeras acciones federales en materia de prevención datan de 1998 con la creación del Fondo de Seguridad Pública, FOSEG). Esto deja de manifiesto que la tradición reactiva de estrategia de seguridad es de larga data.

Hasta antes de la creación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los órdenes institucionales parecían dedicar sus esfuerzos en castigar el delito, pero no en atacar las condiciones que lo posibilitan. Ante la escalada de violencia que vivió el país a partir de 2007, la prevención surgió como una herramienta para garantizar resultados más sólidos en temas de seguridad a mediano plazo y una reducción sostenida de la violencia y la delincuencia a largo plazo.

Sin embargo, el cariz reactivo que se encuentra profundamente arraigado en las instituciones de seguridad en el país, genera acciones contradictorias con este modelo. El caso de la Alerta Temprana de Externaciones parece ser el caso pues busca vigilar a los ex presidiarios y actuar con rapidez y eficacia ante la inminente posibilidad de reincidencia, asumiendo de antemano que estos volverán a delinquir, situación que los estigmatiza desde lo institucional.

La Alerta Temprana de Externaciones debería funcionar como instrumento a partir del cual se genere información valiosa sobre el tránsito de los sujetos desde un ámbito penitenciario hacia la reinserción social y, a partir de esos datos, construir estrategias que mejoren las condiciones de esta población vulnerable. La estrategia 2.6 del PNPSVD, “Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario” incluye líneas de acción tendientes a la desestigmatización, inclusión y reinserción de esta población, contraviniendo el uso vigía y punitivo que se pretende hacer de la Alerta Temprana de Externaciones.

Si bien, la mencionada Alerta puede ser una herramienta útil para la prevención, la manera en que es pensada y desde la cual será operada, genera dudas importantes sobre sus alcances y hace retroceder a las políticas de seguridad en el país, por lo menos veinte años atrás.

Es necesario que las autoridades federales revisen las acciones que se están por implementar y se cuestionen sobre la congruencia de las mismas con los lineamientos vigentes y la nueva perspectiva de seguridad.

Texto de Emmanuel Rojas Botello – emmanuelrojas@delibera.org

Las cosas como son: desaparición forzada

 

Fuente: Rapé

El 23 de enero pasado, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, fue detenido de manera arbitraria por cuatro policías de la Ciudad de México. Se encontraba tomando una foto de un grafiti con un amigo, cuando dos policías lo acusaron sin fundamento alguno de haber robado un celular. Después se sumaron otros dos elementos de (in-)seguridad pública y, ante el acoso, Marco Antonio decidió correr hacia la estación de Metrobús El Rosario. Fue golpeado en su detención, aún cuando ya lo tenían amagado, por lo cual se hizo uso excesivo de la fuerza. En lugar de ser llevado al ministerio público, como marca el protocolo de actuación policial, supuestamente fue liberado momentos después. Es a partir de entonces que Marco Antonio ya no sería como era hasta antes de su detención. Dado que los policías no actuaron bajo el protocolo establecido, se puede hablar de su desaparición forzada.

Cuatro días después, el 27 de enero, fue detenido por policías del Estado de México ya que deambulaba en un puente, con supuestas señales de querer suicidarse, y fue llevado a un juzgado cívico de Tlalnepantla. Permaneció un total de 10 minutos en el juzgado y fue puesto en libertad al no encontrar ningún delito que perseguir. Nuevamente Marco Antonio estaba desaparecido. En el juzgado no se registró siquiera la detención, ya que según el juez no quiso dar su nombre; entonces así nada más fue dejado a su suerte, ignorando las claras señas del mal estado de salud en que se encontraba Marco. Aquí es donde estos hechos fueron captados por cámaras del C5, y se informa a la policía capitalina que un joven con características similares al desaparecido Marco fue registrado en video.

Fue hasta el 28 de enero, un día después de su presentación al juez cívico de Tlalnepantla, que es encontrado en el fraccionamiento Álamo del municipio mexiquense Melchor Ocampo, a más de 30 kilómetros de donde fue detenido por primera vez. Una vez localizado, se informó a sus padres quienes confirmaron la identidad del joven estudiante; sin embargo, aunque Marco había regresado, en realidad no era él el que estaba ahí. En la prensa se pudo observar las señas claras de que su salud fue fuertemente mermada. Miguel Ángel Mancera se apresuró a decir que la situación se trataba de un mero extravío, mientras personajes intolerantes como Arne Aus Den Ruthen rápido mencionó a través de su cuenta de Twitter que de seguro Marco Antonio andaba de fiesta y drogándose, y por ello su estado de confusión y maltrato físico.

Al tratarse de una presunta desaparición forzada, la cosa no termina ahí. Debe seguir la investigación a fondo para el deslinde de las responsabilidades. No se trata de un simple extravío, como menciona Mancera, sino de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Porque no es posible que las personas desaparezcan nada más porque sí, por la razón que haya sido, y que las autoridades no sigan los procedimientos correspondientes, y peor aún, que sean ellas mismas las que realicen el daño a las personas de manera expresa o por omisión.

Texto de Jesús Alejandro Tello – jesustello@delibera.org