La creación de los Consejos de las judicaturas tanto estatales como a nivel federal, que tuvieron lugar durante la última década del siglo pasado, respondieron a la necesidad de transparencia y procesos rigurosos para la administración de justicia en nuestro país. El logro que representa dicha institución reside en su conformación como un órgano de vigilancia.
Ante las recientes irregularidades que el proceso de selección de los nuevos integrantes ha acusado, exhortamos a los integrantes del Congreso del Estado de Jalisco a generar acciones para garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos.
Consideramos que debe garantizarse que quienes integren dicho Consejo estén al margen de grupos políticos y/o intereses particulares. Lo anterior es crucial para lograr que los procesos de justicia sean independientes y en beneficio de las y los jaliscienses.
Los datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señalan que en los últimos cinco años han desaparecido en Jalisco más de 14 mil personas. Algunos casos recientes han posicionado el tema con mayor fuerza en la opinión pública: la desaparición de tres estudiantes del CAAV, quienes realizaban un proyecto escolar cuando fueron “levantados” por un grupo armado que según una testigo se identificaron verbalmente como miembros de la Fiscalía de Jalisco; y también otros dos casos de estudiantes del CUCS, una estudiante de psicología quien fue encontrada más de un día después de la última vez que se supo de ella, y de un estudiante de medicina, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Barranca de Huentitán, con signos de sofocamiento y asfixia, presuntamente autoinflingidos.
Respecto a los tres estudiantes del CAAV, ha pasado más de una semana sin que la Fiscalía de Jalisco y el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ofrezcan información sobre el caso. Desde Delibera se señala la urgencia de establecer protocolos claros para la búsqueda de los estudiantes (y demás personas desaparecidas), así como estrategias y mecanismos que reduzcan y conduzcan a la erradicación de estos delitos.
En cuanto al caso del estudiante de medicina hallado muerto, la cobertura mediática ha tenido deficiencias en cuanto al tratamiento de la información pertinente, ya que se ha manejado información en contra de los principios éticos del periodismo, que daña la privacidad y dignidad de César y su familia, además de violar el derecho a una información veraz y oportuna (según señalan en un comunicado estudiantes de la Licenciatura en Periodismo y en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara). Los medios no han esperado dictámenes periciales, cayendo en teorías conspirativas, que lo único que hacen es revictimizar a la víctima y a sus familiares, al señalar tanto que fue desaparecido por el Estado, así como que se suicidó por homofobia. Por lo que exhortamos a los medios de comunicación a cubrir este tipo de información sensible de forma que salvaguarde la integridad de las personas afectadas directamente, así como los derechos de las audiencias.
