En lo que va de esta semana han asesinado a tres policías del Área Metropolitana de Guadalajara; dos eran parte de la Comisaría de Guadalajara y otro de Comisaría de Zapopan.
El primer caso ocurrió el martes 19 de marzo en la colonia Urbi Quinta, en Tonalá, cuando un comando armado emboscó al comandante Sergio Rivas Mejía y el oficial Ramiro Alejandro Delgado Pérez al término de su jornada laboral. Un tercer elemento quedó herido de gravedad. [1]
El segundo caso se registró ayer viernes 22 de marzo, en el que dos policías acudieron a una barbería den la colonia Loma Bonita, en Zapopan, debido a un reporte que recibieron sobre la presencia de cinco hombres armados dentro del establecimiento. A la llegada de los oficiales, los civiles abrieron fuego contra los oficiales, quedando ambos heridos. Sin embargo, hoy por la mañana el oficial Luis Abraham Camacho Galindo falleció debido a la gravedad de sus heridas. [2]
Estos casos se suman al del 19 de enero, cuando otro policía de la Comisaría de Zapopan fue asesinado a tiros en su día de descanso. [3]
Desde Delibera A.C. queremos manifestar nuestro a apoyo a las corporaciones policiacas a las que pertenecían estos oficiales, y a las familias afectadas por dichas pérdidas; ojalá que encuentren paz y justicia. Así también, exhortamos a la sociedad civil y a las autoridades a no normalizar las muertes de los policías en aras de fortalecer el sentido de solidaridad con una de las instituciones más golpeadas en el país.
No podemos dar la espalda cuando la vulnerabilidad de las corporaciones policiales aumenta, especialmente en un contexto donde la política federal y estatal están de acuerdo en acciones como las de desplegar al ejército en el centro de la ciudad. En términos generales, la población tiene la percepción errónea de superioridad con respecto a los policías y con base en esa percepción les hemos tratado a lo largo de la historia; pero si queremos recuperar la paz y la seguridad no podemos prescindir de ellos.
En 2008 se público en el Diario Oficial de la Federación una ambiciosa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al tema penal y de seguridad pública (modificaciones que van del artículo 16 al 22 del referido documento). Los puntos que más destacan de estas modificaciones son los derechos y obligaciones tanto de los imputados como de las víctimas, así como aquellos donde se constituyen nuevas reglas para las instituciones de justicia en el país.
¿Cuál es el objeto de esta modificación? Simplificar el proceso de los acusados, lograr prontas sentencias, desahogar el sistema penitenciario nacional y abaratar los costos que la impartición de justicia implica al erario[1]. Para lograrlo se ha contemplado una profunda modificación al sistema judicial, incorporando juicios orales para desahogar procesos que antes se desarrollaban por oficio; la instauración de mecanismos de justicia alternativa para la resolución de conflictos y la modificación de las penas que contemplan privación de la libertad.
Desde luego, los retos a los que ha tenido que hacer frente la implementación de este nuevo sistema no han sido pocos ni menores. Por un lado, está la crítica de la opinión pública que cuestiona la eficacia de la propuesta; por el otro, la reticencia de todos los involucrados en la impartición de justicia: abogados, empleados del Poder Judicial en sus distintos niveles, jueces, acusados, víctimas y -lo que ha este artículo interesa- policías.
Con el nuevo sistema de justicia, la labor policial se transforma en la búsqueda de transparencia en su acciones y observancia del debido proceso en cada “servicio” del que toman parte. De ahí se desprende la figura del “Primer respondiente” con lo cual el policía que atiende el delito o la falta cometida, está obligado a llenar un nuevo formato y a llevar a cabo un protocolo preciso de levantamiento y registro de evidencias, así como un protocolo específico para la detención del posible responsable o generador del delito o la falta, como consta en el Código Federal de Procedimientos Penales.
Por otro lado, ante la detención de un posible responsable de delito o falta, con las nuevas disposiciones, los policías pueden ser sujetos a proceso judicial si no garantizan los derechos fundamentales del detenido, como se señala en la parte final del artículo 193 del referido Código.
Estas y otras reglas fueron puestas en juego a partir de 2008, generando la apremiante necesidad de capacitaciones sólidas y periódicas para los servidores públicos, pues de ello depende el éxito o fracaso de la nueva política judicial en el país. Lo que aquí se puede observar es que los ejecutores primarios y punta de lanza de estas disposiciones son los policías que patrullan a diario las calles y caminos de todo el territorio nacional; y sin una correcta ejecución de sus labores la operatividad, legitimidad y opinión pública del Sistema entero esta en entredicho.
A pesar de los esfuerzos, esta ha sido una labor con resultados no siempre alentadores. En reiteradas ocasiones ha saltado a luz pública la falta de capacitación de los policías para llevar a cabo el debido proceso de las detenciones y el ofrecimiento de pruebas después de una detención, y el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas (CNPJ, 2017) no permite saber cuántos policías capacitados hay pues sólo muestra el número de replicadores (que para el caso del Estado de Jalisco cuenta con ninguno)
Por otro lado, programas federales como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) han destinado presupuesto para la capacitación de los policías en este tema, sin embargo no se cuenta con información pública que demuestre que estas capacitaciones se llevaron a cabo en cada comisaría municipal, cuál es el estatus de las mismas, en qué consistieron estas capacitaciones, si el Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia (CNPJ, 2014) se desarrolló en forma, cuáles fueron los contenidos que se impartieron, con qué insumos y cuáles fueron los resultados y evaluaciones de los policías capacitados.
Es necesario que los titulares de las instituciones de seguridad en los tres niveles se percaten de la importancia central que tiene la correcta capacitación de sus policías y que no sólo de manera cuantitativa se revele cuántos sujetos han tomado algún curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino que se preocupen por el efectivo aprendizaje y la implementación de un sistema novedoso y complejo.
Cámara de Diputados. (2012). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados.
DOF (2012), Código Federal de Procedimientos Penales. México: Cámara de Diputados.
SEGOB (2017), Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades Federativas. México, Secretaría de Gobernación
SEGOB (2017) Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FROTASEG). México, Secretaría de Gobernación. Consultado en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg
CNPJ (2014), Programa integral de capacitación en el sistema de justicia acusatorio para instituciones de procuración de justicia. México, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Procuraduría General de la República.
[1] Guillermo Zepeda Lecuona, a través de un conversatorio llevado a cabo en Casa Territorio durante el mes de marzo de 2018, indicó a Delibera A.C. que el gasto por carpeta abierta en la Fiscalía ronda alrededor de los $12,000.00 pesos mexicanos.
El 23 de enero pasado, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, fue detenido de manera arbitraria por cuatro policías de la Ciudad de México. Se encontraba tomando una foto de un grafiti con un amigo, cuando dos policías lo acusaron sin fundamento alguno de haber robado un celular. Después se sumaron otros dos elementos de (in-)seguridad pública y, ante el acoso, Marco Antonio decidió correr hacia la estación de Metrobús El Rosario. Fue golpeado en su detención, aún cuando ya lo tenían amagado, por lo cual se hizo uso excesivo de la fuerza. En lugar de ser llevado al ministerio público, como marca el protocolo de actuación policial, supuestamente fue liberado momentos después. Es a partir de entonces que Marco Antonio ya no sería como era hasta antes de su detención. Dado que los policías no actuaron bajo el protocolo establecido, se puede hablar de su desaparición forzada.
Cuatro días después, el 27 de enero, fue detenido por policías del Estado de México ya que deambulaba en un puente, con supuestas señales de querer suicidarse, y fue llevado a un juzgado cívico de Tlalnepantla. Permaneció un total de 10 minutos en el juzgado y fue puesto en libertad al no encontrar ningún delito que perseguir. Nuevamente Marco Antonio estaba desaparecido. En el juzgado no se registró siquiera la detención, ya que según el juez no quiso dar su nombre; entonces así nada más fue dejado a su suerte, ignorando las claras señas del mal estado de salud en que se encontraba Marco. Aquí es donde estos hechos fueron captados por cámaras del C5, y se informa a la policía capitalina que un joven con características similares al desaparecido Marco fue registrado en video.
Fue hasta el 28 de enero, un día después de su presentación al juez cívico de Tlalnepantla, que es encontrado en el fraccionamiento Álamo del municipio mexiquense Melchor Ocampo, a más de 30 kilómetros de donde fue detenido por primera vez. Una vez localizado, se informó a sus padres quienes confirmaron la identidad del joven estudiante; sin embargo, aunque Marco había regresado, en realidad no era él el que estaba ahí. En la prensa se pudo observar las señas claras de que su salud fue fuertemente mermada. Miguel Ángel Mancera se apresuró a decir que la situación se trataba de un mero extravío, mientras personajes intolerantes como Arne Aus Den Ruthen rápido mencionó a través de su cuenta de Twitter que de seguro Marco Antonio andaba de fiesta y drogándose, y por ello su estado de confusión y maltrato físico.
Al tratarse de una presunta desaparición forzada, la cosa no termina ahí. Debe seguir la investigación a fondo para el deslinde de las responsabilidades. No se trata de un simple extravío, como menciona Mancera, sino de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Porque no es posible que las personas desaparezcan nada más porque sí, por la razón que haya sido, y que las autoridades no sigan los procedimientos correspondientes, y peor aún, que sean ellas mismas las que realicen el daño a las personas de manera expresa o por omisión.
