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Sobre los 11 trabajadores de la construcción acribillados en la colonia Jauja, en el AMG

El pasado sábado 27 de febrero de 2021 murieron acribillados 11 trabajadores de la construcción, en un evento ocurrido en la colonia Jauja, municipio de Tonalá, Jalisco. Así también, una mujer y un menor quedaron heridos. Las víctimas del multihomicidio eran predominantemente hombres jóvenes y adolescentes, de clase popular, variables que son una marca y una predisposición a los peores desenlaces a los que uno puede enfrentarse en México: ser asesinado o desaparecido.

Desde Delibera A.C. hacemos público nuestro posicionamiento sobre este grave acto ocurrido en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el que se afectó la vida de estos hombres, como un bien jurídico al que todas las personas, incluido ellos, deben tener acceso y la garantía de conservarlo. 

La vulnerabilidad de los hombres también es un asunto de la agenda de género y compete a la reflexión de la igualdad sustantiva. Los hombres en situación de calle, los hombres en situación de pobreza, así como los hombres jóvenes son poblaciones que prácticamente se omiten en la agenda de cualquier institución, por lo que cualquier acción, programa o política pública sobre la igualdad sustantiva que no los tome en cuenta, no estaría abarcando las aristas necesarias para atender los problemas pertinentes. 

Además del género, en el caso particular de los 11 trabajadores acribillados, se suma la clase como factor de riesgo, por lo cual en ningún momento cualquier análisis o indagatoria que se haga al respecto debe partir del argumento atenuante de que “algo debían”. 

Por lo tanto, convocamos a:

  1. Que independientemente de la estrategia federal, se establezcan y promuevan acciones estatales y municipales para prevenir y atender las condiciones de vulnerabilidad frente al crimen organizado que se viven en numerosos municipios del Estado de Jalisco.
  2. Que se informe con detalle cuáles serán las acciones preventivas que realiza la Guardia Nacional para impedir que se susciten este tipo de masacres, pues queda manifiesto que el patrullaje disuasivo no está siendo eficaz.
  3. Que se informe cuáles son las líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía del Estado sobre el caso, así como el grado de riesgo en que se encuentran los municipios ante el crimen organizado (considerando, por supuesto, variables susceptibles de ser evaluadas y no sólo en términos discursivos).
  4. Que se genere un mecanismo de diálogo con los sindicatos de trabajadores de la construcción, fundaciones, grupos desarrolladores, asociaciones civiles y de la iniciativa privada, para la creación de una agenda encaminada a anticipar los factores de riesgo que enfrentan los hombres que trabajan en el ámbito de la construcción: trabajo infantil, consumo problemático de sustancias, discriminación, criminalización, vulnerabilidad frente a grupos delictivos y desempleo por accidentes y riesgo en el trabajo.

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Posicionamiento sobre el asesinato de policías en el AMG

En lo que va de esta semana han asesinado a tres policías del Área Metropolitana de Guadalajara;  dos eran parte de la Comisaría de Guadalajara y otro de Comisaría de Zapopan.

El primer caso ocurrió el martes 19 de marzo en la colonia Urbi Quinta, en Tonalá, cuando un comando armado emboscó al comandante Sergio Rivas Mejía y el oficial Ramiro Alejandro Delgado Pérez al término de su jornada laboral. Un tercer elemento quedó herido de gravedad. [1]

El segundo caso se registró ayer viernes 22 de marzo, en el que dos policías acudieron a una barbería den la colonia Loma Bonita, en Zapopan, debido a un reporte que recibieron sobre la presencia de cinco hombres armados dentro del establecimiento. A la llegada de los oficiales, los civiles abrieron fuego contra los oficiales, quedando ambos heridos. Sin embargo, hoy por la mañana el oficial Luis Abraham Camacho Galindo falleció debido a la gravedad de sus heridas. [2]

Estos casos se suman al del 19 de enero, cuando otro policía de la Comisaría de Zapopan fue asesinado a tiros en su día de descanso. [3]

Desde Delibera A.C. queremos manifestar nuestro a apoyo a las corporaciones policiacas a las que pertenecían estos oficiales, y a las familias afectadas por dichas pérdidas; ojalá que encuentren paz y justicia. Así también, exhortamos a la sociedad civil y a las autoridades a no normalizar las muertes de los policías en aras de fortalecer el sentido de solidaridad con una de las instituciones más golpeadas en el país.

No podemos dar la espalda cuando la vulnerabilidad de las corporaciones policiales aumenta, especialmente en un contexto donde la política federal y estatal están de acuerdo en acciones como las de desplegar al ejército en el centro de la ciudad. En términos generales, la población tiene la percepción errónea de superioridad con respecto a los policías y con base en esa percepción les hemos tratado a lo largo de la historia; pero si queremos recuperar la paz y la seguridad no podemos prescindir de ellos.

Delibera A.C.

Fuente: El Informador/F. Atilano

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¿El mejor equipo rumbo al próximo sexenio?

Fuente: MVS Noticias

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha presumido con mucha antelación la calidad de quienes integrarían su gabinete y su equipo de colaboradores desde la transición a la ejecución formal del gobierno. Sin embargo, en los días recientes hubo un notable rechazo por una persona que López Obrador designó para colaborar en la elaboración de las líneas de acción en materia de seguridad: Manuel Mondragón y Kalb.  

El tema de seguridad es uno de los más sensibles en el país al día de hoy y desde hace varios años. Hemos sido testigos del aumento en la violencia, en particular desde hace 12 años en que el ex presidente Felipe Calderón puso en marcha su fallida estrategia de la «Guerra contra el narcotráfico», sacando a las fuerzas militares de los cuarteles a las calles, y asignándoles tareas de seguridad pública para las cuales no están capacitadas. Simplemente esa tarea debería ser para las policías, no para el ejército ni la marina.

Con la administración de Enrique Peña Nieto no hubo un cambio sustancial de tal estrategia. Peor aún, con la Ley de Seguridad Interior impulsada desde el ejecutivo se le dio capacidad legal a las fuerzas armadas de poder hacer labores que deberían ser restrictivamente asignadas a las policías. Con esto siguen las consecuencias del aumento en la violencia y las muertes, al no ser la estrategia adecuada.

Y es que desde el propio manejo de la seguridad pública están las carencias: no hay capacitación adecuada a los cuerpos policiales, salarios bajos y una serie de razones por las cuales la seguridad, o bien podríamos hablar de inseguridad, ha sido el talón de aquiles de las administraciones recientes.

Este contexto introduce al tema en particular, la invitación que hizo López Obrador a Manuel Mondragón y Kalb para integrarse al equipo que trazará las líneas de acción en materia de seguridad para el próximo sexenio. Esto me parece un error garrafal, si tomamos en cuenta el cambio de régimen que quiere representar López Obrador. Vamos, la cuarta transformación, como él le llama.

Basta mencionar dos cuestiones para justificar el por qué es un error invitar a Mondragón y Kalb: Mondragón fue el Comisionado Nacional de Seguridad durante el primer año y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y con él ya al mando se consumó la represión a las manifestaciones del primero de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Entre las acciones específicas que desde un marco de libertad de expresión, derechos humanos y cultura de paz fueron muy desatinadas, están el desalojo violento del zócalo además de su blindaje, con sus conocidas formas autoritarias de acción. Así también, luego de renunciar a su cargo de Comisionado de seguridad, a los pocos meses volvió como titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y durante su período se ha experimentado un aumento en el consumo de todas las sustancias ilegales; sin estrategias de prevención, solamente punitivas y una política criminalizante basada en prejuicios. Por ejemplo, entre 2011 y 2016, el consumo de drogas en mujeres adolescentes entre 12 y 17 años, se incrementó en un 205%, según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco; y el consumo de drogas en la población en general de 12 a 65 años, se incrementó de 7.2% en 2011 a 9.9% en 2016[1]. Una de las cuestiones graves de esto es que se vuelva una dependencia extendida que merme la salud de la persona adicta.

En diversos círculos sociales se hizo notar el disgusto por la invitación del presidente electo a Mondragón. En lo personal me parece que hay algunas organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria, como México Evalúa[2] que son expertas en el trabajo e investigación en el tema de seguridad y violencia, como para que se invite a un persona que representa un polo opuesto en la idea de gobierno que López Obrador dice representar, basado en la cultura de paz.

Es indispensable que las líneas de acción en materia de seguridad partan de la prevención, no del castigo como ha sido la constante anteriormente. Claro que no es sencillo, pero hay pruebas que señalan mejoría en las diferentes dimensiones que implica la seguridad: desde el trabajo en las cárceles, prevención del delito, hasta el fortalecimiento de policías; en lugar de la cultura punitiva, que lo único que ha hecho es reproducir círculos viciosos de violencia.

1. ENCODAT 2016-2017

2. México Evalúa

Texto de Jesús Alejandro Tello Cháirez – jesustello@delibera.org

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Posicionamiento sobre el caso de las desapariciones de personas en Jalisco y su cobertura mediática

Los datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señalan que en los últimos cinco años han desaparecido en Jalisco más de 14 mil personas. Algunos casos recientes han posicionado el tema con mayor fuerza en la opinión pública: la desaparición de tres estudiantes del CAAV, quienes realizaban un proyecto escolar cuando fueron “levantados” por un grupo armado que según una testigo se identificaron verbalmente como miembros de la Fiscalía de Jalisco; y también otros dos casos de estudiantes del CUCS, una estudiante de psicología quien fue encontrada más de un día después de la última vez que se supo de ella, y de un estudiante de medicina, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Barranca de Huentitán, con signos de sofocamiento y asfixia, presuntamente autoinflingidos.

Respecto a los tres estudiantes del CAAV, ha pasado más de una semana sin que la Fiscalía de Jalisco y el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ofrezcan información sobre el caso. Desde Delibera se señala la urgencia de establecer protocolos claros para la búsqueda de los estudiantes (y demás personas desaparecidas), así como estrategias y mecanismos que reduzcan y conduzcan a la erradicación de estos delitos.

En cuanto al caso del estudiante de medicina hallado muerto, la cobertura mediática ha tenido deficiencias en cuanto al tratamiento de la información pertinente, ya que se ha manejado información en contra de los principios éticos del periodismo, que daña la privacidad y dignidad de César y su familia, además de violar el derecho a una información veraz y oportuna (según señalan en un comunicado estudiantes de la Licenciatura en  Periodismo y en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara). Los medios no han esperado dictámenes periciales, cayendo en teorías conspirativas, que lo único que hacen es revictimizar a la víctima y a sus familiares, al señalar tanto que fue desaparecido por el Estado, así como que se suicidó por homofobia. Por lo que exhortamos a los medios de comunicación a cubrir este tipo de información sensible de forma que salvaguarde la integridad de las personas afectadas directamente, así como los derechos de las audiencias.

Delibera A.C.

Fuente: Tercera Vía

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Alerta Temprana de Externaciones o una cuestionable interpretación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en México

Fuente: El Siglo de Torreón

El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció la creación de la Alerta Temprana de Externaciones, la cual surge como mecanismo de control y vigilancia ante la inminente salida de cerca de tres mil presidiaros de las cárceles del país; esto en atención a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta alerta hará que la Comisión Nacional de Seguridad brinde información a los mandos policiales de las distintas demarcaciones sobre los internos que serán liberados. La finalidad de ello consiste en el monitoreo y vigilancia de los próximos ex-presidiarios.

Ricardo Márquez Blas, Titular de la Unidad de Información de la CNS, indicó que esta herramienta podría servir para hacerse información de los internos con probable salida para evitar episodios de reincidencia. Lo cual supone cuando menos dos situaciones: una actitud eminentemente reactiva por parte de las autoridades y una cuestionable interpretación del modelo preventivo de la violencia y la delincuencia que se impulsa a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), pero expliquémoslo por partes.

La prevención social busca atender y subsanar las condiciones a partir de las cuales aumentan las probabilidades para la violencia y la delincuencia. Para ello se focaliza el trabajo en factores de riesgo (situaciones de vida y de entorno que coadyuvan a la generación de violencia y delincuencia) y grupos vulnerables (aquellas personas que por su condición tienen mayores probabilidades de generar o sufrir violencia y delincuencia). Esta perspectiva de abordaje y contención de actos delictivos es relativamente novedosa en el mundo (se puede observar el crecimiento de acciones en este respecto a partir de la década de 1980) y novísima para el caso mexicano (el PNPSVD, señala que las primeras acciones federales en materia de prevención datan de 1998 con la creación del Fondo de Seguridad Pública, FOSEG). Esto deja de manifiesto que la tradición reactiva de estrategia de seguridad es de larga data.

Hasta antes de la creación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los órdenes institucionales parecían dedicar sus esfuerzos en castigar el delito, pero no en atacar las condiciones que lo posibilitan. Ante la escalada de violencia que vivió el país a partir de 2007, la prevención surgió como una herramienta para garantizar resultados más sólidos en temas de seguridad a mediano plazo y una reducción sostenida de la violencia y la delincuencia a largo plazo.

Sin embargo, el cariz reactivo que se encuentra profundamente arraigado en las instituciones de seguridad en el país, genera acciones contradictorias con este modelo. El caso de la Alerta Temprana de Externaciones parece ser el caso pues busca vigilar a los ex presidiarios y actuar con rapidez y eficacia ante la inminente posibilidad de reincidencia, asumiendo de antemano que estos volverán a delinquir, situación que los estigmatiza desde lo institucional.

La Alerta Temprana de Externaciones debería funcionar como instrumento a partir del cual se genere información valiosa sobre el tránsito de los sujetos desde un ámbito penitenciario hacia la reinserción social y, a partir de esos datos, construir estrategias que mejoren las condiciones de esta población vulnerable. La estrategia 2.6 del PNPSVD, “Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario” incluye líneas de acción tendientes a la desestigmatización, inclusión y reinserción de esta población, contraviniendo el uso vigía y punitivo que se pretende hacer de la Alerta Temprana de Externaciones.

Si bien, la mencionada Alerta puede ser una herramienta útil para la prevención, la manera en que es pensada y desde la cual será operada, genera dudas importantes sobre sus alcances y hace retroceder a las políticas de seguridad en el país, por lo menos veinte años atrás.

Es necesario que las autoridades federales revisen las acciones que se están por implementar y se cuestionen sobre la congruencia de las mismas con los lineamientos vigentes y la nueva perspectiva de seguridad.

Texto de Emmanuel Rojas Botello – emmanuelrojas@delibera.org

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Las cosas como son: desaparición forzada

 

Fuente: Rapé

El 23 de enero pasado, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, fue detenido de manera arbitraria por cuatro policías de la Ciudad de México. Se encontraba tomando una foto de un grafiti con un amigo, cuando dos policías lo acusaron sin fundamento alguno de haber robado un celular. Después se sumaron otros dos elementos de (in-)seguridad pública y, ante el acoso, Marco Antonio decidió correr hacia la estación de Metrobús El Rosario. Fue golpeado en su detención, aún cuando ya lo tenían amagado, por lo cual se hizo uso excesivo de la fuerza. En lugar de ser llevado al ministerio público, como marca el protocolo de actuación policial, supuestamente fue liberado momentos después. Es a partir de entonces que Marco Antonio ya no sería como era hasta antes de su detención. Dado que los policías no actuaron bajo el protocolo establecido, se puede hablar de su desaparición forzada.

Cuatro días después, el 27 de enero, fue detenido por policías del Estado de México ya que deambulaba en un puente, con supuestas señales de querer suicidarse, y fue llevado a un juzgado cívico de Tlalnepantla. Permaneció un total de 10 minutos en el juzgado y fue puesto en libertad al no encontrar ningún delito que perseguir. Nuevamente Marco Antonio estaba desaparecido. En el juzgado no se registró siquiera la detención, ya que según el juez no quiso dar su nombre; entonces así nada más fue dejado a su suerte, ignorando las claras señas del mal estado de salud en que se encontraba Marco. Aquí es donde estos hechos fueron captados por cámaras del C5, y se informa a la policía capitalina que un joven con características similares al desaparecido Marco fue registrado en video.

Fue hasta el 28 de enero, un día después de su presentación al juez cívico de Tlalnepantla, que es encontrado en el fraccionamiento Álamo del municipio mexiquense Melchor Ocampo, a más de 30 kilómetros de donde fue detenido por primera vez. Una vez localizado, se informó a sus padres quienes confirmaron la identidad del joven estudiante; sin embargo, aunque Marco había regresado, en realidad no era él el que estaba ahí. En la prensa se pudo observar las señas claras de que su salud fue fuertemente mermada. Miguel Ángel Mancera se apresuró a decir que la situación se trataba de un mero extravío, mientras personajes intolerantes como Arne Aus Den Ruthen rápido mencionó a través de su cuenta de Twitter que de seguro Marco Antonio andaba de fiesta y drogándose, y por ello su estado de confusión y maltrato físico.

Al tratarse de una presunta desaparición forzada, la cosa no termina ahí. Debe seguir la investigación a fondo para el deslinde de las responsabilidades. No se trata de un simple extravío, como menciona Mancera, sino de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Porque no es posible que las personas desaparezcan nada más porque sí, por la razón que haya sido, y que las autoridades no sigan los procedimientos correspondientes, y peor aún, que sean ellas mismas las que realicen el daño a las personas de manera expresa o por omisión.

Texto de Jesús Alejandro Tello – jesustello@delibera.org